El Programa Comunidades Educativas Protegidas es una iniciativa del Ministerio de Educación que tiene como propósito fortalecer entornos escolares seguros, inclusivos y protectores, donde niñas, niños, adolescentes y adultos que forman parte de la comunidad educativa puedan desarrollarse integralmente.
Este programa surge como respuesta a los desafíos actuales en materia de convivencia escolar, seguridad y bienestar socioemocional, promoviendo un enfoque preventivo, intersectorial y con pertinencia territorial. Se orienta a garantizar el derecho a una educación en contextos libres de violencia, reconociendo el rol clave que cumplen las comunidades educativas en la promoción de una cultura de cuidado mutuo, respeto y corresponsabilidad.
Esta cartilla entrega orientaciones para prevenir, responder y reparar los riesgos y los daños que generan hechos constitutivos de delito al interior o en el entorno de un establecimiento educacional, lo cual constituye un desafío para las comunidades educativas, la sociedad civil y el Estado en su conjunto.
Tiene como objetivo situar localmente a cada establecimiento educacional para el manejo de una emergencia o situación crítica tentativa de hecho delictivo, a través de un flujo metodológico propuesto en el manual Plan Integral de Seguridad Educativa (PISE) La versión word es intervenible, por lo que puede ser ajustada por los establecimientos educacionales.
Tiene como objetivo situar localmente a cada establecimiento educacional para el manejo de una emergencia o situación crítica tentativa de hecho delictivo, a través de un flujo metodológico propuesto en el manual Plan Integral de Seguridad Educativa (PISE).
La convivencia educativa se refiere al conjunto de relaciones e interacciones diarias que se desarrollan entre los integrantes de la comunidad escolar, como estudiantes, docentes, familias y otros actores, promoviendo el respeto, el bienestar y el aprendizaje. En este contexto, es importante diferenciar entre problemas de convivencia, situaciones de violencia y hechos constitutivos de delito, ya que cada uno requiere formas de abordaje distintas. Mientras los conflictos pueden resolverse desde un enfoque formativo y pedagógico, la violencia implica agresiones que afectan el bienestar de los estudiantes, y los delitos corresponden a acciones tipificadas por la ley que deben ser denunciadas a las autoridades competentes. Por ello, es fundamental que las comunidades educativas trabajen en la prevención de la violencia y en la construcción de ambientes escolares seguros y respetuosos.
Esta ruta aborda el rol activo de las comunidades educativas frente a las diversas formas de violencia. Destaca el sentido educativo de acompañar, orientar y cuidar a estudiantes en situaciones de conflicto; promueve una cultura de paz que valore el abordaje dialogado de los conflictos; y ofrece claridad conceptual y práctica para analizar faltas a la convivencia, violencia y delitos, junto con sus impactos en la vida escolar.
Esta ruta promueve la importancia de comprender, prevenir y gestionar los conflictos en la convivencia educativa, reconociendo que son parte inherente de las relaciones humanas y constituyen oportunidades de aprendizaje socioemocional. Busca promover una cultura de paz, cuidado y respeto donde las tensiones se gestionen de forma dialógica y formativa. Sus módulos abordan: el análisis de conflictos cotidianos, la prevención y abordaje temprano, y la resolución colaborativa de conflictos.
Esta ruta invita a equipos directivos, docentes y equipos multiprofesionales a reflexionar sobre la violencia constitutiva de delito en su comunidad educativa. A partir del documento Comunidades Educativas Protegidas, orienta en la aplicación de medidas de prevención y respuesta mediante procedimientos institucionales y protocolos del PISE, conforme al marco jurídico nacional. Estas acciones buscan resguardar la seguridad física y emocional de niños, niñas y estudiantes, promoviendo la resiliencia comunitaria.
Esta ruta aborda la importancia de contar con protocolos de acción claros, pertinentes y compartidos para enfrentar situaciones de violencia en la comunidad educativa, comprendiéndolos no como obligación administrativa, sino como herramienta viva para resguardar el bien común. Sus módulos profundizan en: el sentido formativo de los protocolos, su construcción colectiva y socialización, y las prácticas a implementar tras su aplicación en casos de violencia.
Esta ruta aborda la convivencia educativa como una dimensión formativa esencial y transversal, que debe ser enseñada, cultivada y gestionada de manera intencionada. A través del fortalecimiento de vínculos inclusivos, la integración del aprendizaje socioemocional y la aplicación de prácticas basadas en evidencia busca dotar a los equipos educativos de herramientas para crear entornos más justos, respetuosos y participativos, favoreciendo el bienestar y la formación integral de estudiantes.
Esta ruta aborda la salud mental como eje fundamental del desarrollo y aprendizaje de estudiantes. Busca ofrecer a los equipos educativos herramientas para el cuidado mutuo, criterios para la detección temprana de señales de alerta y estrategias de contención frente a situaciones que requieren apoyo inmediato. Sus módulos profundizan en: el cuidado mutuo y personal, la detección temprana de dificultades en salud mental, y la contención ante crisis emocionales.